La Universidad fue sede de un juicio histórico

Las audiencias del juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos en Junín se desarrollaron en el Salón de la Democracia Argentina. "Es la democracia en marcha buscando hacer realidad las promesas que tiene como sistema", dijo el rector.

juicio1El Salón de la Democracia Argentina, ubicado en el predio Mr. York, sede del Rectorado de la UNNOBA, fue el escenario elegido para desarrollar un juicio considerado “histórico” para Junín, en el que se investigaron los delitos de lesa humanidad cometidos en esa ciudad durante la última dictadura cívico-militar.

Para este proceso, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata decidió trasladarse al lugar en donde fueron cometidos los delitos y la UNNOBA fue el espacio elegido para las audiencias.

El rector de la Universidad Guillermo Tamarit consideró que para la UNNOBA esto implicó “poner en valor toda esa historia democrática respecto a lo que conocemos como memoria, verdad y justicia”.

“Fue una verdadera conmoción, ya que es muy difícil transmitirle a las nuevas generaciones el impacto que tiene en nuestra comunidad este tipo de hechos históricos”, expresó Tamarit y agregó: “Tuvimos esos testimonios en el Salón de la Democracia Argentina, que se emocionó con las declaraciones de víctimas y testigos y, finalmente, una sentencia para los responsables. O sea: la democracia en marcha buscando hacer realidad las promesas que tiene como sistema”.

La elección del lugar

Autoridades de la Universidad presenciando el juicioLa realización de un juicio de estas características, en la ciudad en la que fueron cometidos, no es una novedad. El abogado Pedro Griffo, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y uno de los querellantes en la Causa Junín, señaló que “a lo largo de todo el país se han desarrollado estos juicios por delitos de lesa humanidad que permiten romper con la impunidad que han tenido los represores durante 30 años en la Argentina”.

En ese marco, Griffo sostuvo que “transcurridos casi cuarenta años de los hechos y viendo que había una comunidad esperando que se juzgue a sus represores, el Tribunal decidió trasladar el juzgado de La Plata hacia la ciudad de Junín para hacer el juicio acá”.

Oscar Farías, referente del Movimiento por los Derechos Humanos de Junín y uno de los impulsores del juicio, contó que se propusieron distintos sitios de la ciudad para realizar las audiencias, y el propio presidente del Tribunal, Carlos Rozanski, eligió el Salón de la Democracia Argentina de la UNNOBA.

Pablo Petraglia, prosecretario General de la Universidad, relató que “a finales de septiembre el juez Rozanski recorrió el Salón de la Democracia Argentina, luego de haber visto otros lugares de Junín. Por las condiciones de este salón, el parque del predio Mr. York, la cercanía con la ruta y con el hospital Abraham Piñeyro, consideró un muy buen lugar para el emplazamiento de este juicio”.

Lesa humanidad

El Tribunal, conformado por los jueces Carlos Rozanski, Pablo Vega y César Álvarez, juzgó la participación en la última dictadura cívico militar del exmilitar Ángel José Gómez Pola y de los expolicías Edgardo Mastandrea, Abel Oscar Bracken, Julio Ángel Esterlich, Francisco Silvio Manzanares, Miguel Ángel Almirón y del médico Aldo Antonio Chiacchietta. Se investigaron los delitos de homicidio, privación ilegal de la libertad y tormentos, cometidos en perjuicio de veinticuatro víctimas, tres de ellas figuran como desaparecidos: Hugo Torreta, Adrián Romié y Gilberto Mesa.

Los hechos investigados corresponden al circuito represivo conocido como Subzona 13, dependiente del área 131 del Primer Cuerpo del Ejército, en la que funcionaron tres centros clandestinos de detención: la Comisaría Primera de Junín, la Unidad Penitenciaria 13 y el destacamento rural de Morse.

Oscar Farías detalló a El Universitario algunas particularidades de lo sucedido en Junín entre 1976 y 1983: “La dictadura no solamente atacó al sindicalismo o a las agrupaciones políticas, como tradicionalmente ocurrió en otros puntos del país, sino que acá fundamentalmente se arremetió contra la cultura. En el juicio se vio cómo fue perseguida la Coordinadora de Arte (Coart), un grupo formado por gente que pintaba, escribía, hacía obras de teatro, o participaban de un coro, lo que hizo que esta causa fuera muy particular”.

Con todo, lo que se investigó fue, en definitiva, la comisión de delitos de lesa humanidad en Junín. En ese contexto, el abogado Marcelo Sena, director de la Escuela de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNNOBA, explicó qué son los delitos de lesa humanidad: “Se trata de conductas que ponen en peligro no de manera individual, sino colectiva, a un número de personas. Por ejemplo: matar a alguien desde el punto de vista individual no es un delito de lesa humanidad, debe darse en un contexto como el que se produjo en nuestro país cuando se utilizaron los organismos estatales para cometer terrorismo de Estado. Ahí está lo reprochable de estas conductas que, en principio, aparecen como delitos comunes como robos, secuestros u homicidios, pero merecen la categorización de delito de lesa humanidad a partir de una sistematización de hechos pergeñados por los órganos del Estado para sembrar el terror”.

Además, Sena remarcó “la imprescriptibilidad” de estos delitos, “lo que hace que conductas sucedidas hace más de 30 años en nuestro país, hoy puedan ser juzgadas”.

Entrega de diploma a Nora CortiñasEl compromiso de la UNNOBA en este proceso fue saludado desde diferentes ámbitos. La presidenta de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Nora Cortiñas, resaltó que “en cada provincia o en cada ciudad, los juicios se hacen en lugares institucionales y se llevan a cabo con el apoyo de las intendencias o, como en este caso, de la Universidad. Eso es muy importante”.

Pablo Petraglia, en tanto, recordó que “muchos de estos juicios se realizaron en ámbitos universitarios, entendiendo que la defensa de los Derechos Humanos, esa bandera que levantó el ex presidente Raúl Alfonsín hace 30 años con el Juicio a las Juntas, cala fuertemente en los principios que sostiene la universidad pública”.

Farías destacó la participación en las audiencias de “alumnos de la universidad, docentes, vecinos, jóvenes, los familiares de las víctimas con sus hijos y nietos. Esto tiene que ver con lo que se buscaba: una legitimidad social y mucha seriedad, sin politización del juicio”.

Por su parte, Sena consideró trascendente este evento para la UNNOBA: “Son hechos históricos que hacen a nuestro pasado reciente como Nación, que nos han marcado y nos siguen marcando todavía”. Además, “se trata de situaciones ocurridas en la región y porque esta universidad está inserta en la región es que lo sucedido aquí no nos es indiferente”.

Asimismo, Griffo señaló que “estos juicios tienen una importancia simbólica fundamental, principalmente porque el Proceso de Reorganización Nacional tuvo un efecto disciplinador sobre la sociedad y marcó grietas, silencios y transformaciones sociales”. “Recién ahora, casi 40 años después y con estos juicios, la sociedad puede empezar a tomar conciencia de lo que fue su pasado, para poder mirar al futuro de manera más clara y honesta”, subrayó Griffo.

El doctor Tamarit también destacó el importante significado que estos juicios tienen en la sociedad. “Las dos claves son: nunca más perder la posibilidad de ejercer la política en democracia y de construir juntos; y después, sostener el principio de memoria, verdad y justicia, ya que es imposible construir en democracia sobre la base de una claudicación en esos puntos”. “En la medida en que no accedemos a dejar atrás el pasado, en el sentido de exhibirlo y de condenar, es imposible pensar en el futuro”, sostuvo.


Las condenas

El Tribunal Oral en lo Criminal Oral Nº 1 de La Plata condenó a prisión perpetua e inhabilitación absoluta al ex coronel Ángel José Gómez Pola y al ex comisario Abel Oscar Bracken.
En tanto, el ex policía Francisco Silvio Manzanares y el ex médico policial Aldo Antonio Chiacchietta fueron sentenciados a 25 años de prisión e inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena.
Asimismo, Miguel Ángel Almirón y Julio Ángel Esterlich fueron condenados a 18 años de prisión y Edgardo Mastrandrea, a 15.


Registro fílmico del juicio “Saint Amant”

La UNNOBA también participó en otro juicio de características similares. Se trata de la causa denominada “Saint Amant”, en la que se investigan casos de privación ilegítima de la libertad agravada, cuyas audiencias se realizan en las ciudades de San Nicolás, San Pedro y Pergamino.
En ese marco, el rector de la UNNOBA, doctor Guillermo Tamarit, y el vicepresidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), Juan Esteban Buono Repetto, firmaron un convenio de colaboración para el registro fílmico del desarrollo del Juicio Oral y Público. El acuerdo permitirá contar con un registro fílmico de calidad para resguardo de la memoria colectiva.