Avatares de la Constitución Argentina

Berri, profesor de Derecho Constitucional, realiza un recorrido por la historia.

p8La Declaración de la Independencia del 9 de julio de 1816 dejó establecidos dos principios jurídicos o preconstitucionales: el de legalidad, es decir, que nadie puede ser privado o restringido en un derecho sino a través de una ley; y el del debido proceso, que nadie puede ser juzgado sino por un juez competente y por una pena que debe estar establecida previamente en la normativa. Así lo afirma Miguel Berri, profesor titular de Derecho Constitucional de la UNNOBA.

Sin embargo, la permanencia de estos dos pilares de la república recorrió un camino sinuoso a lo largo de estos 200 años.

Berri, que también es profesor adjunto de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional de La Plata y docente de diversos posgrados de esta especialidad, señala que el Congreso de Tucumán de 1816 dio lugar a la Constitución de 1819, una Carta Magna “que garantizaba estos dos principios”. No obstante, el país entra en una etapa de alta inestabilidad que dura –en definitiva– hasta 1853.

En el medio, se sancionó la Constitución de 1826, se profundizaron disputas entre el interior y Buenos Aires, se firmó el Pacto Federal de 1831, “donde las provincias ya empezaban a hablar de una forma republicana de Gobierno y de una forma federal de Estado”.

El doctor Berri sostiene que la Constitución de 1853 plasmó “todos los principios del constitucionalismo liberal, tomando como base la Carta Magna de Estados Unidos y la obra de Alberdi”. Luego, se estableció “una república aristocrática, con una alta concentración del poder, que se rompe definitivamente en 1912 con la Ley Sáenz Peña”. Como consecuencia de esta norma, en 1916 llegaría “el primer presidente elegido por el sufragio universal y secreto: Hipólito Yrigoyen”, lo que abriría un período “de normalidad institucional” hasta 1930.

Al derrocamiento de Yrigoyen le siguió un período “altamente oligárquico y de concentración de riquezas”, que perduró hasta la Revolución del 43 y la llegada de Juan Domingo Perón al poder. “Allí el peronismo hizo un conjunto de reformas sociales –explica Berri–, fue un gran resistente al proceso de la república liberal y sancionó la Constitución de 1949 que es de alto contenido social pero con problemas en sus contenidos republicanos, porque había una mayor concentración del poder en el presidente”.

La autodenominada Revolución Libertadora promovió la reforma del 57, de la que Berri sólo destaca que “como gran elemento va a tener el artículo 14 bis” (que asegura condiciones dignas de trabajo, derechos gremiales y de seguridad social).

En 1963 se produjo una nueva apertura en el proceso político “aunque restringida, por la exclusión del peronismo”. La llegada del presidente de facto Juan Carlos Onganía produjo un nuevo retroceso en términos jurídicos y en el posterior gobierno de Héctor Cámpora y Perón, “la inestabilidad se dio más en los hechos que en lo legal, porque el proceso jurídico volvió a avanzar sobre los derechos sociales pero había una fuerte conflictividad en la Argentina”.

La dictadura desarrollada entre 1976 y 1983 fue otro fuerte repliegue a partir de las sistemáticas violaciones a los derechos humanos y “la utilización del Estado en un proceso criminal”.

Berri recuerda que “Argentina fue el primer país de la región en recuperar, en 1983, el proceso democrático, porque en ese entonces vecinos como Chile, Brasil, Paraguay o Uruguay, tenían gobiernos de facto”, y destaca de ese período la aprobación la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el juzgamiento a las juntas militares (“un hecho político sin precedentes en el mundo”), y el trabajo realizado por el Consejo para la Consolidación de la Democracia, creado por Raúl Alfonsín y presidido por “un gran jurista argentino”: Carlos Nino.

Finalmente, Berri sostiene que la reforma de 1994 fue “la más avanzada porque fue la primera en reconocer los tratados internacionales de derechos humanos como parte de la propia constitución”.

De acuerdo a su análisis, después de 200 años, aquellos principios de legalidad y debido proceso todavía se siguen moldeando: “En la actualidad, como siempre, creo que es un proceso aspiracional y el deseo de hoy es que haya mayor igualdad. La Argentina está avanzando, pero tiene una dificultad con estos principios en las normas o en algunos fallos respecto de lo que está sucediendo en la realidad material. Tenemos en eso un problema muy serio de adecuación, algo que pasó constantemente en la historia: siempre fue adelante la ley y atrás lo social”.