“Argentina no tiene un sistema impositivo”

Definir el sistema tributario argentino puede resultar una tarea más difícil de lo que, en principio, puede suponerse. Tanto es así, que hay destacados profesionales en materia impositiva y contable que consideran que en nuestro país ni siquiera lo hay.

En tal sentido, la contadora pública y licenciada en Administración Teresa Gómez es contundente: “Creo que Argentina no tiene un sistema impositivo, podría decirse que tiene un régimen, porque un concepto sistémico hace referencia a un conjunto ordenado de elementos que se interrelacionan entre sí. Esto no sucede en el país”. Para graficar esta aseveración, la docente especialista en derecho tributario comenta que se puede ver que un solo hecho imponible –por ejemplo, una venta– puede estar gravado con el 21% del IVA y, además, según la jurisdicción, con el 3,5%, el 4% o el 5% de Ingresos Brutos. “Argentina necesita, en principio, un sistema”, insiste Gómez.

En la misma línea, aunque menos categórico, el contador José Ramón D’Agostino, reflexiona que “habría que partir del interrogante de si hay un sistema impositivo o no”, puesto que esto supone “algo que está interconectado, razonado, con impuestos que se complementan y no se repelen entre ellos”. “Es decir, un sistema da una idea de armonía, de coherencia”, sintetiza.

En ese marco, D’Agostino advierte que en el país “los impuestos se crean, se establecen o se modifican conforme a necesidades coyunturales o de caja”. Es por ello que concluye, en coincidencia con Gómez: “Es verdad que en la jerga a veces hablamos de sistema impositivo, pero yo diría que hay un régimen”.

REFORMA URGENTE

El régimen tributario nacional tiene debilidades, como explica D’Agostino. Desde el lado del fisco, hay veces en las que “se perjudica a sí mismo” en los impuestos cuya interpretación no es unívoca, con lo que “el Estado termina complicándose”, dado que muchos casos derivan en pleitos judiciales.

Por otra parte, desde el punto de vista del contribuyente, hay “cuestiones procedimentales que lo perjudican y se pierden algunos derechos o garantías”, como la imposibilidad de compensar un saldo a favor en un impuesto contra una obligación de otro tributo. “En ese caso, además de complicarle las cosas, se pone al contribuyente en la vereda de enfrente, y ahí aparece el otro tema: el pensar que los contribuyentes no tenemos nada que ver con el Estado”, postula.

A partir de las inconsistencias del régimen impositivo argentino es que la contadora Gómez considera que una reforma “más que necesaria, es urgente”, y que “de ninguna manera se puede esperar hasta 2019”, dado que, hasta ahora, “sólo se hicieron parches”. De hecho, hay una comisión creada a tal efecto en el Congreso Nacional. “Esperemos que se reciban varias propuestas, que no se limite a un proyecto del Ejecutivo”, agrega Gómez.

Es que, según su análisis, el país “está sufriendo una presión tributaria pocas veces vista” y, a la vez, el propio contribuyente muchas veces debe suministrarse seguridad, salud, educación, por lo que “la presión tributaria se duplica”.

En tanto, para D’Agostino, una reforma en el régimen impositivo debe asegurar que, después de los cambios, “el que maneja las finanzas del país vaya a recaudar, cuanto menos, lo mismo”. Asimismo, cree que no todo debe ser modificado, sino que “se debería estudiar cada uno de los impuestos” para ver si es necesaria su eliminación o corrección: “A nadie se le puede ocurrir derogar el Impuesto a las Ganancias o el Impuesto al Valor Agregado [IVA], pero entonces hagámosles las modificaciones que correspondan. Siempre apuntando a que sea fácilmente recaudable, no evadible y justo”.

Para Gómez, en cambio, lo prioritario sería “hacer es una ley de coparticipación federal que establezca lo que la Nación debe darle a cada provincia”, lo que ayudaría a “sostener la voracidad fiscal de las provincias”. Es que Gómez opina que en materia de coparticipación, la ley actual es “vieja, anquilosada y con parches”. Y puntualiza que “un país federal, como Argentina, Brasil o Estados Unidos, necesitan armonía entre el fisco nacional y los provinciales”.

De acuerdo a su evaluación, esto requeriría no menos de dos años para que haya un sistema que esté funcionando y aceitado. “No se trata de escribir una ley nada más, sino que hay que implementarla sistemáticamente en cada provincia”, añade.