La otra pandemia: la desigualdad de las mujeres

Por Danya Tavela

Vicerrectora de la UNNOBA

“Mujeres líderes: por un futuro igualitario en el mundo de la COVID-19” es el lema que plantea ONU a las mujeres para 2021. La consigna alude a los enormes esfuerzos que realizan las mujeres y niñas en el mundo para ser parte de un futuro más igualitario, así como por recuperarse de la pandemia de la COVID-19. A la vez, puede considerarse como una reafirmación de que la lucha por el posicionamiento del liderazgo de la mujer se vio fuertemente afectada por la irrupción de la pandemia.

En efecto, el aislamiento, el distanciamiento social y las restricciones en la circulación colocaron a las mujeres en una situación más vulnerable y de mayor riesgo. Se generaron barreras adicionales en el acceso a distintos servicios esenciales, fundamentales para el desarrollo igualitario de la mujer.

Los datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sugieren que un año de pandemia equivale a una década de retroceso laboral para las mujeres de esta región. Se advierte, además, que ellas son las más perjudicadas por el impacto económico de la COVID-19. El informe muestra también que los sectores de empleo con riesgo alto concentran alrededor de un 57% en las mujeres y un 41% en los varones América Latina.

Según los datos de la CEPAL, la mujer lleva adelante trabajos con mayor precarización y en riesgo de su caducidad de empleo, como la hotelería o el servicio doméstico. El informe también detalla que en sectores de trabajo con alta presencia femenina, como la salud y la educación, las mujeres poseen menor preparación e incluso protección para hacer frente al coronavirus. En números concretos en la región, 7 de cada 10 empleos del sector de salud corresponden a mujeres, pero sus sueldos muestran una reducción de al menos un 25% respecto de los varones. La disparidad en el salario sumada a la falta de protección adecuada para enfrentar la pandemia genera mayor estrés del personal y, por lo tanto, del sistema.

Esta situación que describe la CEPAL se suma a lo que ocurrió y seguirá ocurriendo en el ámbito privado de cada hogar. En ese espacio familiar pasa “de todo”: el cuidado, la educación de los niños, niñas y adolescentes, la socialización, y el trabajo productivo. Sin dudas, se incrementó la carga de trabajo relacionada con el cuidado y la atención a las personas y, si bien la respuesta debería ser colectiva, no lo es. La realidad, tal como lo expresa la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), es que las tareas aún no se distribuyen de manera equitativa, sino que ellas recaen principalmente en las mujeres. Esto no está valorado ni social ni económicamente.

Además, hay otro territorio donde las mujeres se vieron y se ven desfavorecidas: el ámbito doméstico, donde pueden manifestarse casos de violencia de género. Esta pandemia ha profundizado no solo el estrés económico y social, sino que también puede intensificar la violencia contra las mujeres. En nuestro país, por ejemplo, el 65% de este tipo de hechos suceden dentro del hogar y sólo en el 5% se desconoce al agresor. En números concretos, del 2019 al 2020 pasamos de tener un femicidio cada 32 horas a uno cada 26 horas, persistiendo simultáneamente infinidad de barreras que les impiden a las mujeres acceder a la Justicia y a los servicios de atención necesarios para no llegar a esta situación.

El año 2020 y lo que transcurrió del 2021 demuestran que la emergencia derivada de la irrupción de la COVID-19 provoca impactos específicos sobre las mujeres, profundizando las desigualdades de género existentes, tanto al interior de los hogares como por fuera de ellos: en los hospitales y centros sanitarios, en el trabajo y también en la política. Por lo que todos los ámbitos donde se desarrollan las mujeres están siendo fuertemente afectados y requieren de una sociedad comprometida que trabaje aunadamente para seguir empoderando y fortaleciendo a las mujeres.

En un momento en el que las y los jóvenes son quienes llevan la lucha  a la calle y se han ganado espacios, aún falta el poder real en la toma de decisiones. Hemos mejorado en la representación en términos cuantitativos, pero no de la misma manera en la calidad de la representación.

Se requiere de un Estado proactivo y regulador: ya no alcanza con leyes, con Ministerios, ni siquiera con fondos económicos para escuchar a la mujer y ponerla en consideración.  Se ha transitado y aprendido pero aún falta avanzar en la justicia y la prevención de la violencia. Se requiere de políticas articuladas que permitan abordar las situaciones de forma integral.

La sociedad en su conjunto debe acompañar este proceso de búsqueda de igualdad de las mujeres con educación y formación en los espacios de prevención, en los hogares y en las instituciones. Hay que educar a los varones, por supuesto, pero también a las mujeres y así avanzar en la igualdad desde la crianza para que ésta no sea sólo una expresión. 

Diseño: Laura Caturla